“Problemas de DERECHOS HUMANOS en la vida cotidiana”
En 15 años se cuadruplicaron los suicidios en menores de edad por dificultades económicas y la mayoría de ellos ocurren en 13 estados. Ante ello y con el fin de reducir y prevenir que los jóvenes decidan terminar con sus vidas, el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) aplicará un programa de fomento del desarrollo juvenil y prevención de la violencia, informó la directora del organismo, Isabel Hernández. Menciona que en México existen programas aislados dirigidos a los jóvenes por lo que sus efectos se dispersan y pierden efectividad, cuando desde el Banco Nacional se recomienda que los estados deban contar con estrategias que garanticen condiciones mínimas de calidad de vida a este sector de la población. En el caso del INEGI entre 1990 y 2005 el número de eventos de este tipo pasó de 406 a 1,055. Durante el 2007 nuevamente la violencia y la inseguridad dominaron la escena nacional. En este año se recibieron en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 5,244 quejas; de ellas, 2,843 fueron calificadas como hechos violentos de las garantías individuales. Las principales fueron: 1,593 por ejercicio indebido de la función pública, 432 por detenciones arbitrarias, en promedio 1.5 al día, 397 por cateos ilegales más de uno a diario, y 395 por tratos crueles, sostiene el ombudisman José Luis Soberanes en el informe que presentará en la Comisión Permanente. Un ejemplo es el caso del corresponsal en Morelia de: “la crónica de hoy”, Ignacio Roque Madrid, denunció que unos cuarenta elementos del ejército catearon su casa y lo encañonaron durante varias horas. Aunque esto ocurrió el catorce de febrero, el comunicador indicó que la denuncia la hizo hasta estos momentos debido a que el militar que comandaba a los soldados lo amenazó. El reportero responsabiliza al ejército de lo que le pase a él o a su familia, pues aseguró que lo fotografiaron como “señal de advertencia”. Numerosos conflictos agrarios entre indígenas de distintos grupos y hacendados han sido la causa de asesinatos de guaraníes especialmente en Motto Grosso del sur, solo el año pasado murieron en esa zona 81 indígenas. Valdelice Verón lamenta hasta ahora no haber acompañado a su padre, pero el le ordenó que fuera a la ciudad. Temprano aquel domingo 12 de enero de 2003, su hija le alerto: “madre el abuelo esta en la televisión”. Brutalmente apaleado, Marcos Verón murió el día siguiente en el hospital de Dourados, en el centro occidental del estado brasileño de Motto Grosso del sur, sobrevivió su sobrina con un tiro en la pierna. Los acusados de la brutal agresión responden al proceso judicial en libertad. Marcos Verón, de 70 años de edad lideró en esa ocasión el segundo intento de recuperar un área que consideraba tierra guaraní, porque allí vivieron sus antepasados y donde su tía fue “quemada viva en 1953”. El número de muertos se acentúa en el parque indígena de Dourados, un área de 3,561 hectáreas, apretado entre la ciudad del mismo nombre y extensos cultivos de soya. Allí viven cerca de 12,000 indígenas, la mayoría indígenas del grupo Kaiwoa. En México, la Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas aprobada el 30 de enero pasado por la 57 Legislatura jalisciense es una prueba clara de lo anterior, pues dicha ley no es más que el resultado de omisiones, menosprecios a las comunidades indígenas y desconocimiento de lo que éstas necesitan. Esta ley, que fue rechazada constantemente desde sus inicios hace doce años por parte de las comunidades indígenas (cocas y wixaritari del estado, así como de mixtecos, nahuas, otomíes y purépechas emigrantes a la Zona Metropolitana de Guadalajara), fue aprobada en menos de 30 minutos por votación unánime de los partidos PAN, PRI, PRD y PVEM. Un ejemplo de los graves problemas que enfrenta la democracia mexicana es la declaración de Jorge Castañeda ratifica que “todo se vale” en elecciones para ganarle al adversario. Durante la entrevista con “proceso”, Castañeda acepta que el propuso la unión de los empresarios y la estrategia del miedo para contrarrestar la ventaja de López Obrador previa a las elecciones del 2006; en respuesta se cataloga que esa frase no es más que un manifiesto para evitar el triunfo a López Obrador, a lo que Castañeda insiste: “Se entra a ganar, por las buenas, por las malas, como se pueda… dentro de la legalidad”; yo soy de la vieja escuela y en una elección se juega a ganar. Todo se vale, por que todo mundo recurre a todo. Un caso emblemático de conflictos con los derechos humanos en México es el encarcelamiento sin orden de aprensión del dirigente… el 14 de diciembre de 2006, apenas iniciada la administración de Felipe Calderón el dirigente de la Asamblea Popular de los pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa fue detenido sin orden de aprehensión por elementos de la AFI y PFP. Flavio Sosa sigue tras las rejas pese a los amparos interpuestos por su abogado, quién afirma que no hay elementos para considerar que el líder es una persona de "alto grado de peligrosidad" ni tampoco las pruebas para sostener qué incurrió en los delitos de los que se le acusa. Otro ejemplo de lo que sucede con los disidentes políticos es el caso de Jacobo Silva Nogales (Comandante Antonio), un ex guerrillero comienza a sufrir las consecuencias de las torturas que le infligieron militares y policías tras ser detenido el 19 de octubre de 1999, por medio de una trampa. Con 51 años de edad Jacobo Silva Nogales, fue condenado a 46 años y tres meses de prisión el 7 de marzo de 2003, acusado por delitos de homicidio, homicidio calificado y daños a propiedad, así como 5 años más por asociación delictuosa. Sin embargo, Jacobo se encuentra en vigilancia desde 1999 junto con jefes del narcotráfico, bandas de secuestradores y otros delincuentes más. Jacobo sufrió la traición por parte de una joven, la cuál se infiltró haciéndose pasar por activista de uno de los movimientos estudiantiles de la UNAM. Fue reconocida como Ruth Judith Ortega Orozco, en ésta conspiración, Ruth entrega a Jacobo a varios policías vestidos de indigentes y otros de albañiles, a las afueras del Café Pekín en el barrio San Cosme, cerca del centro del Distrito Federal. La pareja de Jacobo fue apresada en San Luis Potosí, y otros más como Fernando Gatíca y Felicítas Padilla fueron capturados en Chilpancingo. Con respecto a la tortura, Jacobo fue llevado a un hangar en donde lo cubrieron de ojos y ataron de manos y pies, era golpeado en la cabeza cada 3 ó 5 segundos mientras era interrogado por policías, Jacobo menciona que sus agresores se turnaban para golpearlo y posteriormente continuaron con golpes en el estómago y pecho. También menciona que fue víctima de unos de los métodos de tortura inventados en la época de la Santa Inquisición (atado de manos en la espalda fue colgado y con presión, de manera que parecía un “columpio”). En varias ocasiones se le proporcionó descargas eléctricas, mientras éste se encontraba cubierto en una cobija totalmente mojada. Su hermana Elizabeth reclama la justicia sobre Jacobo, pues a pesar de ser delincuente, menciona que no se merece ese trato.
FUENTES DE INFORMACIÓN:
Proceso 06 de enero de 2008, pp. 36-39
Proceso 10 de febrero de 2008, pp. 41-45
VELÁZQUEZ PAREDES, Alejandro
“El Universal”, México, D.F., 20 de diciembre de 2004, p.11
MORALES, Andrés
“La Jornada”, México D.F., 17 de febrero de 2008, p. 26
CCH-A-UNAM, 215-3, Daniela, Gabriela, Ana Karen, Guadalupe, Ángel, Osnar y Salvador
En 15 años se cuadruplicaron los suicidios en menores de edad por dificultades económicas y la mayoría de ellos ocurren en 13 estados. Ante ello y con el fin de reducir y prevenir que los jóvenes decidan terminar con sus vidas, el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) aplicará un programa de fomento del desarrollo juvenil y prevención de la violencia, informó la directora del organismo, Isabel Hernández. Menciona que en México existen programas aislados dirigidos a los jóvenes por lo que sus efectos se dispersan y pierden efectividad, cuando desde el Banco Nacional se recomienda que los estados deban contar con estrategias que garanticen condiciones mínimas de calidad de vida a este sector de la población. En el caso del INEGI entre 1990 y 2005 el número de eventos de este tipo pasó de 406 a 1,055. Durante el 2007 nuevamente la violencia y la inseguridad dominaron la escena nacional. En este año se recibieron en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 5,244 quejas; de ellas, 2,843 fueron calificadas como hechos violentos de las garantías individuales. Las principales fueron: 1,593 por ejercicio indebido de la función pública, 432 por detenciones arbitrarias, en promedio 1.5 al día, 397 por cateos ilegales más de uno a diario, y 395 por tratos crueles, sostiene el ombudisman José Luis Soberanes en el informe que presentará en la Comisión Permanente. Un ejemplo es el caso del corresponsal en Morelia de: “la crónica de hoy”, Ignacio Roque Madrid, denunció que unos cuarenta elementos del ejército catearon su casa y lo encañonaron durante varias horas. Aunque esto ocurrió el catorce de febrero, el comunicador indicó que la denuncia la hizo hasta estos momentos debido a que el militar que comandaba a los soldados lo amenazó. El reportero responsabiliza al ejército de lo que le pase a él o a su familia, pues aseguró que lo fotografiaron como “señal de advertencia”. Numerosos conflictos agrarios entre indígenas de distintos grupos y hacendados han sido la causa de asesinatos de guaraníes especialmente en Motto Grosso del sur, solo el año pasado murieron en esa zona 81 indígenas. Valdelice Verón lamenta hasta ahora no haber acompañado a su padre, pero el le ordenó que fuera a la ciudad. Temprano aquel domingo 12 de enero de 2003, su hija le alerto: “madre el abuelo esta en la televisión”. Brutalmente apaleado, Marcos Verón murió el día siguiente en el hospital de Dourados, en el centro occidental del estado brasileño de Motto Grosso del sur, sobrevivió su sobrina con un tiro en la pierna. Los acusados de la brutal agresión responden al proceso judicial en libertad. Marcos Verón, de 70 años de edad lideró en esa ocasión el segundo intento de recuperar un área que consideraba tierra guaraní, porque allí vivieron sus antepasados y donde su tía fue “quemada viva en 1953”. El número de muertos se acentúa en el parque indígena de Dourados, un área de 3,561 hectáreas, apretado entre la ciudad del mismo nombre y extensos cultivos de soya. Allí viven cerca de 12,000 indígenas, la mayoría indígenas del grupo Kaiwoa. En México, la Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas aprobada el 30 de enero pasado por la 57 Legislatura jalisciense es una prueba clara de lo anterior, pues dicha ley no es más que el resultado de omisiones, menosprecios a las comunidades indígenas y desconocimiento de lo que éstas necesitan. Esta ley, que fue rechazada constantemente desde sus inicios hace doce años por parte de las comunidades indígenas (cocas y wixaritari del estado, así como de mixtecos, nahuas, otomíes y purépechas emigrantes a la Zona Metropolitana de Guadalajara), fue aprobada en menos de 30 minutos por votación unánime de los partidos PAN, PRI, PRD y PVEM. Un ejemplo de los graves problemas que enfrenta la democracia mexicana es la declaración de Jorge Castañeda ratifica que “todo se vale” en elecciones para ganarle al adversario. Durante la entrevista con “proceso”, Castañeda acepta que el propuso la unión de los empresarios y la estrategia del miedo para contrarrestar la ventaja de López Obrador previa a las elecciones del 2006; en respuesta se cataloga que esa frase no es más que un manifiesto para evitar el triunfo a López Obrador, a lo que Castañeda insiste: “Se entra a ganar, por las buenas, por las malas, como se pueda… dentro de la legalidad”; yo soy de la vieja escuela y en una elección se juega a ganar. Todo se vale, por que todo mundo recurre a todo. Un caso emblemático de conflictos con los derechos humanos en México es el encarcelamiento sin orden de aprensión del dirigente… el 14 de diciembre de 2006, apenas iniciada la administración de Felipe Calderón el dirigente de la Asamblea Popular de los pueblos de Oaxaca (APPO), Flavio Sosa fue detenido sin orden de aprehensión por elementos de la AFI y PFP. Flavio Sosa sigue tras las rejas pese a los amparos interpuestos por su abogado, quién afirma que no hay elementos para considerar que el líder es una persona de "alto grado de peligrosidad" ni tampoco las pruebas para sostener qué incurrió en los delitos de los que se le acusa. Otro ejemplo de lo que sucede con los disidentes políticos es el caso de Jacobo Silva Nogales (Comandante Antonio), un ex guerrillero comienza a sufrir las consecuencias de las torturas que le infligieron militares y policías tras ser detenido el 19 de octubre de 1999, por medio de una trampa. Con 51 años de edad Jacobo Silva Nogales, fue condenado a 46 años y tres meses de prisión el 7 de marzo de 2003, acusado por delitos de homicidio, homicidio calificado y daños a propiedad, así como 5 años más por asociación delictuosa. Sin embargo, Jacobo se encuentra en vigilancia desde 1999 junto con jefes del narcotráfico, bandas de secuestradores y otros delincuentes más. Jacobo sufrió la traición por parte de una joven, la cuál se infiltró haciéndose pasar por activista de uno de los movimientos estudiantiles de la UNAM. Fue reconocida como Ruth Judith Ortega Orozco, en ésta conspiración, Ruth entrega a Jacobo a varios policías vestidos de indigentes y otros de albañiles, a las afueras del Café Pekín en el barrio San Cosme, cerca del centro del Distrito Federal. La pareja de Jacobo fue apresada en San Luis Potosí, y otros más como Fernando Gatíca y Felicítas Padilla fueron capturados en Chilpancingo. Con respecto a la tortura, Jacobo fue llevado a un hangar en donde lo cubrieron de ojos y ataron de manos y pies, era golpeado en la cabeza cada 3 ó 5 segundos mientras era interrogado por policías, Jacobo menciona que sus agresores se turnaban para golpearlo y posteriormente continuaron con golpes en el estómago y pecho. También menciona que fue víctima de unos de los métodos de tortura inventados en la época de la Santa Inquisición (atado de manos en la espalda fue colgado y con presión, de manera que parecía un “columpio”). En varias ocasiones se le proporcionó descargas eléctricas, mientras éste se encontraba cubierto en una cobija totalmente mojada. Su hermana Elizabeth reclama la justicia sobre Jacobo, pues a pesar de ser delincuente, menciona que no se merece ese trato.
FUENTES DE INFORMACIÓN:
Proceso 06 de enero de 2008, pp. 36-39
Proceso 10 de febrero de 2008, pp. 41-45
VELÁZQUEZ PAREDES, Alejandro
“El Universal”, México, D.F., 20 de diciembre de 2004, p.11
MORALES, Andrés
“La Jornada”, México D.F., 17 de febrero de 2008, p. 26
CCH-A-UNAM, 215-3, Daniela, Gabriela, Ana Karen, Guadalupe, Ángel, Osnar y Salvador
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